Igual que no hay dos sin tres, tampoco hay pozo sin fondo, por ello, como complemento a los dos artículos anteriores, escribo este tercero y último para poner de relieve que por más fondos que se destinen a un organismo, si la gestión no es buena, el resultado no puede ser nunca satisfactorio.
Efectivamente, en los artículos anteriores, se aboga por un sustancial incremento en las partidas económicas de los ayuntamientos mediante la correspondiente modificación legislativa, pero también debemos ser conscientes de que estamos hablando de los mismos ayuntamientos que se han dedicado durante años a dar generosas subvenciones a finalidades ajenas al mundo municipal, que no han tenido ningún reparo en ir contratando altos cargos y personal de confianza con sueldos muy atractivos y que año tras año han incrementado las partidas de libre disposición, los gastos de alcaldía, los gastos en publicidad, los medios de comunicación local (casi siempre al servicio del alcalde de turno), etc. Por ello esta nueva financiación debe acompañarse de un rigor en el gasto y en la adjudicación de recursos que durante años ha estado ausente de nuestros municipios, que de manera muy alegre han otorgado subvenciones a cualquiera y de cualquier modo y no siempre de modo imparcial.
Por ello y en aras de evitar abusos y despilfarros, seguimos apostando, como hicimos en su día, por: una gestión pública profesional y de calidad basada en el control riguroso del gasto público; la supresión de las partidas destinadas a propaganda institucional; la concesión de subvenciones en función exclusiva de los programas de actividad propuestos; la conservación y mantenimiento del mobiliario urbano en detrimento de las frecuentes renovaciones muchas veces innecesarias; utilización indistinta de las lenguas oficiales por parte de la Administración; desarrollo e implantación de software libre; reducción al mínimo de los cargos de confianza y demás puestos de libre designación; acceso a todos los puestos de trabajo por oposición libre y cubrimiento de las plazas antes del año para evitar el personal interino.
Finalmente respecto al tema siempre polémico de los salarios de los Cargos Electos, proponemos que los salarios de todos los miembros del Consistorio se establezcan en función de parámetros como el número de habitantes, la superficie del término municipal, el número de industrias registradas y el montante del presupuesto anual, así como minorarse en función de la deuda municipal. Estas retribuciones se regularían mediante una ley de ámbito autonómico, y cuyos máximos se establecerían en otra ley de ámbito estatal.
En relación a las dietas de manutención, desplazamiento y estancia de los cargos electos, proponemos se ajusten a las fijadas anualmente para todos los trabajadores; además debe limitarse la presencia de concejales en puestos remunerados de empresas públicas con el objetivo de evitar la multiplicidad de salarios y la contratación de empresas privadas debe ser por concurso libre y auditado, evitando así que se conviertan en agencias de colocación de ex políticos, familiares y simpatizantes.
Si queremos que la autonomía municipal sirva para que los gobiernos locales puedan implementar sus prioridades políticas en beneficio de sus vecinos y puedan establecer aquellos ámbitos de colaboración metropolitana que redunde en un incremento de la eficiencia de los servicios compartidos, debemos, además de disponer, además de una nueva y eficaz ley de financiación de los entes locales, de un sistema de gestión y control también eficaz, pues al igual que no hay pozo sin fondo, tampoco hay presupuesto suficiente cuando la gestión no es adecuada.
Miguel-Angel Ibáñez
Política Municipal C’s
.jpg)
