El llamado “Informe Roca” que se basaba en la ley
catalana aconsejaba la fusión de los municipios inferiores a 250 habitantes y
las mancomunidades para los municipios entre 250 y 1.000 habitantes.
En la actual situación económica de nuestros
ayuntamientos creemos las conclusiones del mencionado informe continúan siendo
plenamente válidas por cuanto la organización del mundo local no perdería en
representatividad de los ciudadanos y en cambio cumpliría mejor con la
finalidad de optimizar la gestión de los recursos y su aplicación a las necesidades
reales de las personas al disminuir costes asociados al mantenimiento de estructuras, facilitando así que se aumente la capacidad de garantizar, también en plena crisis, el máximo de servicios básicos posibles.
El
ayuntamiento no es una finalidad en sí mismo sino que lo es en tanto en cuanto
representa la voluntad de sus ciudadanos y es capaz de organizar y garantizar
los servicios que está obligado a dar.
